La Cámara ratificó ayer por amplia mayoría el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 2/3 (MEyP) mediante el cual el gobernador Osvaldo Jaldo designó a la abogada Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept). Sin embargo se generaron fuertes controversias en el recinto por la designación, así como por los modos. “Intervinieron la intervención”, ironizó la oposición.
La sesión parlamentaria de ayer estuvo presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y tuvo más de una veintena de temas en debate, siendo la mitad designaciones de jueces (ver aparte). Uno de los puntos más polémicos fue el nombramiento de una subinterventora en un ente que lleva dos años intervenido con el radical José Ricardo Ascárate a la cabeza.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, señaló que la designación de Lausberg sigue la lógica de dos DNU anteriores del gobernador: uno para intervenir el Ersept (N° 3/1-2024) y otro para designar a Ascárate (N° 4/1-2024). “Es una incorporación al decreto que da origen a los anteriores”, señaló.
“Te estoy controlando”
El legislador Agustín Romano Norri, integrante del comité, firmó un dictamen en minoría por el rechazo del DNU. Opinó que el nombramiento sigue profundizando la intervención. “O están poniendo a alguien para controlar o están pagando algún favor”, disparó. Opinó que el argumento de la urgencia no se sostiene de ninguna manera. Además, le agregó condimento político a su fundamentación ya que recordó que Lausberg fue quien hizo la presentación judicial contra el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. “Consideramos que este no es el camino correcto y que no le hace bien a la Legislatura seguir perdiendo atribuciones propias”, dijo.
Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la LegislaturaEl uso de DNU por parte de Jaldo de manera recurrente también fue cuestionado por Claudio Viña. Ironizó con que los decretos por el Ersept son como una obra de teatro con tres actos: la intervención del ente por 120 días; la designación de Ascárate y la extensión de la medida por 1.322 días; y la creación del cargo de subinterventora. “¿Cómo se llama la obra? ‘Ascárate, te estoy controlando’”, lanzó. Además opinó que el rol de la subinterventora es difuso y señaló que se incumple con la ley 7.878.
En la misma línea se expresaron los radicales José Cano, Silvia Elías de Pérez y José Seleme. El ex diputado reprochó que los entes autárquicos terminen siendo un apéndice del Poder Ejecutivo. Cuestionó el nombramiento de la ex directora de Canal 10 y recordó que ella fue una de las impulsoras del juicio político contra Enrique Pedicone. “No encuentro ninguna fundamentación salvo que estamos creando otro ‘conchavo político’”, disparó.
Elías de Pérez repasó todos los entes intervenidos desde 1990. “Creíamos que no había más nada para intervenir y ahora intervienen la intervención”, ironizó, y reprochó que se nombre a una abogada para que atienda cuestiones vinculadas a administración y finanzas. Seleme, a su vez, cargó contra el PE. “La emergencia parece ser seguir creando favores políticos”, embistió.
Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del ErseptEl peronista Gerónimo Vargas Aingasse, desacreditó todos los argumentos de la oposición y las críticas a la abogada. Dijo que el DNU es un atributo constitucional, y recordó que Mauricio Macri utilizó dicho instrumento 78 veces en su presidencia contra los 22 que lleva Jaldo. “Cuando somos oficialistas tenemos una mirada y cuando somos oposición tenemos otra”, reprochó a los legisladores que formaron parte de Juntos por el Cambio. Incluso consideró una “generosidad” de parte de Jaldo enviar un DNU a la Legislatura ya que podría haber designado la subintervención por decreto simple.
Vacantes en la Justicia: con resistencia sobre Taboada, la Legislatura aprobó 14 pliegos judiciales
La Legislatura aprobó 14 pliegos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial. La designación de Lucas Taboada como juez del Colegio de Jueces Penales de Monteros fue ratificada, pero su nombramiento fue objetado por numerosos legisladores.
También se aprobaron los pliegos de Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II); Florencia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III); Guillermo Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales); Ileana Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación); Patricio Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales); Leandro David Abdala (Juez del Colegio de Jueces Penales); Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación); Hassan Kamel Dip (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación - Subrogante); Criss Rosa Luz Correa (Jueza del Colegio de Jueces Penales Subrogante); María Hernández (Juez del Colegio de Jueces Penales); y de María Ganín Brodersen (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones).